Por Wens Silvestre
El
envejecimiento, la migración y la baja densidad territorial obligan a repensar
la política pública más allá de Lima.
El
Censo Nacional 2025 acaba de ofrecer una fotografía incómoda del Perú. El país
llegó a 34 millones 157 mil 732 habitantes, pero la cifra gruesa es lo
menos revelador. Lo verdaderamente importante está en la composición: el Perú
envejece, concentra población en la costa, mantiene fuertes corrientes
migratorias internas y enfrenta una presión creciente sobre sus sistemas de salud,
empleo, cuidados y protección social.
Ayacucho
resume buena parte de esa transición. Según los primeros resultados del INEI,
el departamento alcanza 709 570 habitantes. De ellos, 350 490 son
hombres y 359 080 son mujeres. La diferencia no es solo estadística:
confirma una ligera mayoría femenina, con 50,6% de mujeres frente a 49,4%
de hombres, en un territorio donde las mujeres sostienen buena parte de la
economía familiar, el cuidado y la vida comunitaria.
Pero el dato más importante está en la edad. Ayacucho tiene 169 331 personas de 0 a 14 años, 430 937 entre 15 y 59 años y 109 302 de 60 años a más. Dicho de otro modo: el 60,7% de su población está en edad potencialmente activa, mientras que los adultos mayores ya representan 15,4%. La edad promedio es de 34,1 años y la edad mediana llega a 31 años.
Ayacucho
ya no puede ser leído únicamente como un departamento joven, rural y expulsor
de población. Es también una sociedad que envejece.
Ese
cambio demográfico tiene consecuencias económicas y políticas inmediatas. El
índice de envejecimiento del departamento es de 64,5, es decir, casi 65
adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. La relación de dependencia
total alcanza 64,7, lo que significa que por cada 100 personas en edad
activa hay cerca de 65 personas dependientes, entre niños, adolescentes y
adultos mayores.
En
una economía con alta informalidad, bajos ingresos rurales y servicios públicos
dispersos, esa carga no se distribuye de manera abstracta. Recae sobre familias
concretas. Y, con frecuencia, sobre mujeres concretas.
La
política pública peruana todavía no está preparada para este escenario. Durante
décadas, el debate regional se concentró —con razón— en pobreza, educación
básica, infraestructura y salud materno-infantil. Esas prioridades no han
desaparecido. Pero ahora se superponen con otra agenda: envejecimiento,
cuidados, enfermedades crónicas, pensiones insuficientes, soledad rural y
necesidad de servicios geriátricos.
El
riesgo es llegar tarde. Los países suelen descubrir el envejecimiento cuando ya
es demasiado costoso corregir sus efectos. Ayacucho ofrece una señal
anticipada: todavía tiene una mayoría de población en edad de trabajar, pero la
ventana demográfica se está cerrando. Si esa población no encuentra empleo
formal, educación útil y oportunidades productivas dentro del territorio, el
resultado será previsible: más migración, menor base productiva local y más
presión sobre las familias que permanecen.
La
migración interna es, en este sentido, el indicador político más elocuente.
Ayacucho figura entre los departamentos con fuerte saldo migratorio negativo.
Eso no significa simplemente que la gente “se va”. Significa que el territorio
no logra ofrecer suficientes razones para quedarse.
El
problema no es la movilidad. Migrar puede ser una decisión legítima, incluso
liberadora. El problema aparece cuando migrar se convierte en la única
estrategia racional para acceder a educación superior, empleo, salud
especializada o ingresos estables. En ese caso, la migración deja de ser opción
y se convierte en síntoma.
Ayacucho
enfrenta además una dificultad estructural: su baja densidad. Con 16,2
habitantes por kilómetro cuadrado, llevar servicios públicos resulta más
caro, más lento y más complejo que en zonas urbanas densas. Una posta médica,
una escuela secundaria, una carretera o una conexión de internet no tienen el
mismo costo operativo en una provincia dispersa que en un distrito limeño.
Por
eso, el Estado no puede seguir aplicando modelos homogéneos. Un territorio
disperso necesita un Estado móvil, flexible y tecnológicamente equipado.
Brigadas de salud, telemedicina, transporte rural subsidiado, mantenimiento
permanente de caminos vecinales, servicios itinerantes de documentación,
conectividad comunitaria y educación híbrida no son lujos: son condiciones
mínimas de ciudadanía.
El
Censo 2025 debería obligar al Gobierno Regional de Ayacucho, al Ejecutivo y a
los municipios a cambiar el enfoque. No se trata solo de aumentar presupuesto.
Se trata de asignarlo de acuerdo con la nueva estructura demográfica.
La
primera prioridad debe ser un sistema regional de cuidados. Ayacucho
necesita centros de día para adultos mayores, atención domiciliaria, redes
comunitarias de cuidado, capacitación de cuidadores y servicios de salud
preventiva. El envejecimiento no puede seguir descansando en la familia
extensa, menos aún cuando la migración reduce precisamente esas redes
familiares.
La
segunda prioridad es una estrategia de retención de jóvenes y población
activa. El departamento tiene más de 430 mil personas entre 15 y 59 años.
Esa es su principal reserva de desarrollo. Pero sin empleo, crédito,
conectividad, formación técnica y cadenas productivas, esa reserva se
transforma en frustración o emigración. Ayacucho debería apostar por
agroindustria, turismo cultural, industrias creativas, servicios digitales,
economía forestal sostenible, infraestructura local y compras públicas
orientadas a productores regionales.
La
tercera prioridad es una política de igualdad económica para las mujeres.
Si las mujeres son mayoría poblacional, también deben ser prioridad
presupuestal. Eso implica acceso a crédito, asistencia técnica, formalización,
protección contra la violencia, servicios de cuidado infantil y participación
real en decisiones comunales y municipales. No hay desarrollo regional si la
mitad mayoritaria de la población sigue sosteniendo la economía invisible sin
reconocimiento ni poder.
La
cuarta prioridad es una reforma territorial de salud y educación.
Ayacucho no puede depender solo de hospitales urbanos y escuelas con cobertura
formal. Necesita redes de atención primaria, especialistas itinerantes,
teleconsulta, residencias estudiantiles rurales, conectividad para colegios y
formación técnica vinculada a mercados reales. La demografía exige rediseñar la
oferta pública.
La
quinta prioridad es crear un observatorio demográfico y territorial de
Ayacucho que use los datos censales por provincia y distrito. Gobernar con
promedios departamentales es una forma elegante de no ver las desigualdades
internas. Huamanga no tiene los mismos problemas que las provincias rurales con
dispersión, envejecimiento y expulsión de jóvenes. La política pública debe
bajar de escala.
El
censo ha hecho su trabajo: contar. Ahora la política debe hacer el suyo:
decidir.
Ayacucho
no necesita compasión centralista ni retórica descentralista. Necesita una
lectura adulta de sus datos. Tiene población suficiente para sostener un
proyecto regional, una mayoría activa que aún puede impulsar crecimiento y una
identidad cultural capaz de articular turismo, producción y comunidad. Pero
también tiene envejecimiento, dependencia, baja densidad y migración
persistente.
La
conclusión es sencilla: el futuro de Ayacucho no se juega solo en cuántos
habitantes tiene, sino en cuántos de ellos podrán vivir, trabajar, envejecer y
cuidar sin tener que abandonar su territorio.
El
Perú suele mirar sus censos como trámites estadísticos. Esta vez debería
leerlos como una advertencia. Si el país no construye políticas públicas para
sus regiones que envejecen, se vacían y se dispersan, la descentralización
seguirá siendo una promesa ceremonial. Ayacucho, con sus 709 570 habitantes,
no está pidiendo privilegios. Está mostrando, con números, el costo de seguir
gobernando un país diverso con recetas pensadas desde el centro.
